En este artículo se habla de los aspectos a considerar en el establecimiento de un programa nacional de vacunación contra el virus VPH, en especial en México, pero que a mi parecer puede ser aplicable a todos los países que enfrentan una situación en que los recursos se saben son escasos y se deben optimizar al máximo.
Se parte comentando sobre la vacuna su eficacia y eficiencia, y sobre los pocos datos que se tienen al respecto. Muchos de los estudios que avalan su uso por sus resultados en cuanto a prevención de lesiones precancerosas (debido a los largos años que se debe esperar para que exista un cáncer aún no se ha visto que tanto previene el cáncer cervicouterino), han sido realizados o auspiciados por las dos empresas farmacéuticas que son las que producen las vacunas que se tienen en el mercado. Esto reviste un problema, por la posibilidad de que los datos sean modificados para beneficio de estas empresas, hecho que ya ha ocurrido en la historia reciente. Otro inconveniente que se plantea es que debido al tiempo que demora la evolución de la infección a un cáncer, aún no se tienen datos completos sobre su eficacia; mucho de los estudios han tenido una duración máximo de 5 años.
Luego se manifiesta que debido a la escases de recursos, debería ser focalizada la vacuna en aquella población donde hay más prevalencia de VPH y dónde el tamizaje para el cáncer cervicouterino es más difícil de realizar. Estas poblaciones son jóvenes en comunidades urbano-marginadas y la indígena en el caso de México respectivamente. Esto nos presenta otro problema, que es difícil porque las personas no quieren ser identificadas como grupo de riesgo o ellas mismas no se consideran dentro del grupo objetivo. Además en ausencia de datos epidemiológicos, se puede considerar esta estrategia como paternalista, pensando en que ellos no pueden cuidar su propia salud.
Respecto al financiamiento se plantea un problema en México: el plan piloto de vacunación es de iniciativa del Senado donde las empresas farmacéuticas realizaron lobby, lo que pone en una situación adversa al sistema público para negociar precios sobre la vacuna. En los precios que hoy se ofertan no es plausible llevar a cabo una vacunación masiva con cobertura del 80%.
Por otra parte no vacunar a la población puede crea injusticia social, debido a que los deciles con mayores ingresos adquirirán la vacuna, mientras el resto de la población no. La decisión debe según los autores basarse en criterios de salud pública y no de intereses financieros; sin embargo no se debe olvidar que para que sea mantenido en el tiempo debe ser factible económicamente y operativamente. Además existen costos asociados a la vacuna, que son la educación, implementación dirigido esto a la población y a los prestadores de servicios.
Además se debe enseñar a la población que pese a haberse vacunado debe seguir acudiendo a los tamizajes, y no crear una sensación falsa de seguridad.
Las personas invitadas a participar son personas sanas, las cuales pueden tener complicaciones derivadas de la vacuna, por lo que se debe solicitar su consentimiento. Se deberá evaluar la efectividad, dado que algunas mujeres se pueden negar y se tendrá que reevaluar la efectividad objetivo inicialmente calculada.
Se debe establecer quien será responsable de los efectos adversos provocados directamente por la vacuna y establecer el sistema de compensación.
Algunos grupos pueden pensar que la vacunación es una forma de esterilización encubierta.
El programa de vacunación sirve al interés público, pero esto no implica que todos reciban los mismos beneficios. Por lo tanto, la distribución de riesgos, perjuicios y beneficios debería ser lo más justa posible. Esto se aprecia particularmente en este caso con un importante componente de género, porque sólo un grupo de la población soporta los riesgos y los perjuicios de una vacuna y otro grupo recibe los beneficios.
Otro problema de la implementación es que al ser menores de edad, alguien debe decidir por ellas. La forma de negarse, los padres, uno, ambos; o buscar que sea un requisito para el ingreso a la escuela como ocurre en ciertos países. Todo esto plantea un importante problema sobre quien es quien decide sobre el menor de edad y cuál es la posibilidad coercitiva del estado frente a la individualidad y autonomía de cada persona o familia.
Integrar la nueva prevención primaria a la prevención secundaria.
La mejor forma de población objetivo es la por edad, más que la por grupos de riesgo.
Se concluye que en estos momentos la vacunación universal es aún prematura, porque no se han establecidos estrategias efectivas de información y educación respecto de las expectativas reales de protección que ofrece, ya que podría tener consecuencias negativas no previstas para las participantes y la sociedad.
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